En una conferencia de prensa, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó “casos de irregularidades” en el Poder Judicial, señalando altos salarios percibidos por ministros, magistrados y jueces, así como el supuesto favorecimiento a delincuentes mediante amparos y suspensiones que afectan proyectos públicos, como la construcción del Tren Maya.

Rodríguez destacó que, actualmente, hay 6,097 personas privadas de la libertad que aún no han recibido sentencia de un total de 21,000 en prisión, lo que acentúa la crisis del sistema judicial. La demora en dictar sentencias puede extenderse de un año hasta 11 años. Los salarios anuales de los funcionarios del Poder Judicial son notablemente elevados, alcanzando 792,000 pesos para los ministros, 5,529,000 pesos para los consejeros de la Judicatura, 4,490,441 pesos para los magistrados y 4,050,903 pesos para los jueces de distrito.

La situación se ha visto agravada por el paro parcial de labores de los trabajadores del Poder Judicial, que ha cumplido dos meses, resultando en la suspensión de 12,448 audiencias. Rodríguez apuntó que el cierre de los juzgados ha generado un colapso en el sistema, lo que ha llevado a la administración a exhibir públicamente a jueces que presuntamente han favorecido a delincuentes. Casos notables incluyen a José Alberto “N”, alias “La Kena”, líder del Cártel del Golfo, quien fue liberado por el juez Crescencio Contreras Martínez, y a Rafael Caro Quintero, que evitó su extradición a EE. UU. gracias a una decisión del juez Juan José Fernando García Quiroz en 2022.

Además, el juez Conrado Alcalá Romero otorgó un amparo a Héctor “El Güero Palma”, mientras que el magistrado Juan Pedro Contreras concedió un amparo a Emilio Lozoya, investigado por el Caso Odebrecht. La jueza Adriana Yolanda Vega también desestimó una orden de aprehensión contra Francisco Javier Cabeza de Vaca, lo que ha despertado la indignación de la opinión pública.

La decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum de retomar prácticas del pasado y señalar públicamente a los jueces refleja una estrategia de presión sobre el Poder Judicial, con el objetivo de fortalecer su control sobre las instituciones. Analistas han indicado que este enfrentamiento podría profundizar la crisis de confianza en el sistema judicial y exacerbar las tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial en un clima de creciente incertidumbre y protestas. La respuesta del gobierno ante la resistencia de los trabajadores y las críticas de la oposición subraya la polarización que enfrenta el país en este contexto.

Esta dinámica es especialmente preocupante, ya que socava la independencia del Poder Judicial y plantea interrogantes sobre la integridad de los procesos judiciales en México.

Con información de Infobae.