Según Airbnb, esta medida, que establece un tope del 50 % anual para la ocupación de estos espacios, es "injustificada y anticompetitiva", además de representar un riesgo para el ingreso de miles de personas en la capital mexicana.

En un comunicado emitido por la compañía, se destacó que la reforma, aprobada el pasado 3 de octubre, llega apenas seis meses después de una modificación integral a la Ley de Turismo, en la que participaron diversas partes interesadas, como autoridades, vecinos, asociaciones hoteleras y plataformas digitales. Airbnb argumenta que la medida actual fue tomada sin consenso y que, con base en otras experiencias, no tendrá el efecto deseado sobre los precios de alquiler ni sobre la oferta de vivienda.

La empresa citó el caso de Nueva York, donde una regulación similar llevó a un incremento del 7.4 % en los precios de los hoteles y un alza del 3.4 % en el alquiler de viviendas en menos de un año. Airbnb enfatizó que regulaciones innovadoras e inclusivas son necesarias para proporcionar certidumbre a esta actividad económica, la cual consideran fundamental para destinos como Ciudad de México.

Para Airbnb, la reforma ignora que el alquiler a través de su plataforma se ha convertido en una fuente de ingresos clave para miles de habitantes de la capital, en su mayoría mujeres y trabajadores cuyo principal empleo no es la renta de inmuebles. En 2023, los viajeros de Airbnb generaron un impacto económico de más de 15 mil millones de pesos en Ciudad de México, beneficiando a más de 63 mil empleos en el sector turístico, aseguró la plataforma.

Algunos argumentan que Airbnb no debería operar en México debido a sus efectos en la accesibilidad a la vivienda, la economía local y la sostenibilidad del turismo en varias regiones. Uno de los principales problemas es la inflación en los precios de renta. Las propiedades que se destinan a Airbnb generan ingresos superiores a los alquileres a largo plazo, lo que incentiva a los propietarios a preferir arrendar a turistas que a residentes locales. Esta tendencia disminuye la oferta de vivienda disponible y encarece los alquileres tradicionales, especialmente en destinos turísticos y áreas de alta demanda, afectando a familias de bajos y medianos ingresos.

Además, el crecimiento de Airbnb contribuye a la gentrificación, ya que transforma los barrios en zonas orientadas a turistas, lo que modifica el tejido social y comercial de las comunidades. Esto se ve especialmente en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y en destinos costeros como Tulum. En estos lugares, la afluencia de visitantes en áreas residenciales aumenta el costo de los productos y servicios locales, desplazando a negocios tradicionales en favor de aquellos que atraen a viajeros con un mayor poder adquisitivo.

Otro argumento en contra de Airbnb en México es la falta de regulación adecuada en cuanto a impuestos y seguridad. En muchos casos, las propiedades enlistadas no cumplen con los mismos requisitos que los hoteles en cuanto a salubridad, seguridad y pago de impuestos. Esto genera competencia desleal para el sector hotelero y afecta la recaudación fiscal, lo cual perjudica a los municipios que no reciben los impuestos correspondientes para financiar servicios públicos esenciales.

Finalmente, el impacto ambiental también es una preocupación, especialmente en zonas naturales. El turismo no regulado puede generar mayor explotación de recursos y residuos en áreas que no están preparadas para una carga turística alta, afectando el equilibrio ecológico y el bienestar de las comunidades locales.

A pesar de que Airbnb sostiene que la nueva medida se implementó sin haber logrado un acuerdo con todos los sectores involucrados, los efectos negativos de Airbnb en el acceso a la vivienda, la cohesión social, la economía local y el medio ambiente son factores que, según algunos expertos y comunidades, justifican la necesidad de limitar o incluso prohibir su operación en México.

Con información de El Sol de México.