Carrera Mayor había sido identificado por la dependencia como el presunto autor de este crimen que conmocionó a la sociedad chiapaneca y motivó una búsqueda exhaustiva desde el pasado 19 de octubre. La Fiscalía detalló que el cuerpo de Carrera Mayor fue localizado el domingo 27 de octubre en una vivienda ubicada al norte poniente de Tuxtla Gutiérrez. Elementos de la institución y personal de Servicios Periciales arribaron al lugar para trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se llevará a cabo la necropsia correspondiente.
El feminicidio de Liliana Guadalupe “N”, quien tenía 12 años y vendía dulces y frituras en las calles de la capital chiapaneca, causó indignación y dolor en la comunidad. Desde el inicio de la investigación, la FGE ofreció una recompensa de 500 mil pesos por información que contribuyera a la localización del sospechoso, en un esfuerzo conjunto por hacer justicia y encontrar al responsable la fiscalía de Chiapas continúa con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y proceder conforme a la ley en este caso que ha sacudido la entidad.
La muerte de Carrera Mayor en medio de la investigación del feminicidio suscita múltiples interrogantes, pues se perdió la posibilidad de un juicio que pudiera esclarecer completamente los hechos en los tribunales y dar respuestas a la familia y comunidad afectada. Este tipo de casos también genera debates sobre la eficacia de las estrategias de búsqueda y justicia para víctimas de feminicidio en el país, especialmente ante la creciente ola de violencia de género.
Los comentarios en redes y en medios de comunicación reflejan el dolor y la frustración de una sociedad que sigue demandando mayores esfuerzos y resultados en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. La falta de respuestas completas genera una percepción de que el sistema de justicia enfrenta serias limitaciones para proteger a las mujeres, infantes y erradicar el feminicidio.
Además, esta situación subraya la importancia de contar con protocolos de protección que incluyan mecanismos de apoyo a las familias afectadas y acciones preventivas para evitar más casos similares. En este contexto, los llamados de la comunidad y organizaciones sociales resaltan la necesidad de mejorar las políticas públicas de seguridad y justicia para que se logre una mayor protección para los grupos más vulnerables.
Con información de Proceso.
