La revisión del caso en el CEDAW se originó en una denuncia conjunta de cinco víctimas esterilizadas entre 1996 y 1997. La experta mexicana Leticia Bonifaz detalló que el proceso de esterilización incluyó coerción y engaño, sin el consentimiento informado de las mujeres, muchas de las cuales ni siquiera podían entender el español o leer los documentos que se les presentaban. Bonifaz relató el caso de una mujer indígena que fue forzada a caminar hasta un centro de salud para someterse al procedimiento, sin recibir cuidados postoperatorios y con graves repercusiones en su salud.

El Comité denunció que estas prácticas afectaron a más de 300,000 mujeres, en contraste con aproximadamente 25,000 hombres. Según el CEDAW, las esterilizaciones fueron ejecutadas en condiciones sanitarias inadecuadas y por personal médico no especializado. Además, señaló que el impacto desproporcionado en mujeres indígenas y pobres constituye discriminación interseccional y viola los derechos establecidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

El Comité recomendó al gobierno peruano acelerar las investigaciones, garantizar la rendición de cuentas y proporcionar una compensación integral, incluyendo apoyo psicológico para las víctimas. Además, advirtió que la esterilización forzada a gran escala podría considerarse un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma.

El Comité de Derechos de las Mujeres de la ONU (CEDAW) concluyó que la política de esterilización forzada implementada en Perú en los años 90 fue una forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional, afectando principalmente a mujeres indígenas, rurales y en situación de pobreza.

Con información de Proceso.