Con el propósito de erradicar las llamadas terapias de conversión, la diputada Frinné Azuara Yarzábal presentó una iniciativa para adicionar al Código Penal del Estado de San Luis Potosí un capítulo específico que prohíba y sancione prácticas que atenten contra la orientación sexual o identidad de género de las personas. La propuesta establece penas de dos a seis años de prisión y multas de hasta dos mil UMAs para quien imparta, financie u obligue a someterse a este tipo de procedimientos.

La legisladora subrayó que estas modificaciones responden a un principio de justicia social y buscan alinear el marco normativo estatal con el Código Penal Federal. En su exposición de motivos, destacó la importancia de proteger el libre desarrollo de la personalidad y prevenir cualquier forma de violencia institucional, familiar o médica hacia personas de la comunidad LGBT+.

Además de las sanciones generales, la iniciativa contempla agravantes cuando las víctimas sean menores de edad, personas adultas mayores o con alguna discapacidad, así como cuando exista una relación de subordinación, autoridad o función pública del agresor. En estos casos, las penas se duplican y pueden incluir la inhabilitación del cargo público.

La propuesta también plantea reformas a la Ley General de Salud estatal para castigar a profesionales del ámbito médico que realicen estas prácticas. La iniciativa fue turnada a las comisiones Primera de Justicia, y Salud y Asistencia Social para su análisis.