El Consejo de la Judicatura de Coahuila ha ignorado una orden judicial que prohibía la suspensión de la jueza Karina Martínez Jiménez, quien previamente denunció acoso laboral ejercido por el administrador del Centro de Justicia en Piedras Negras. El conflicto comenzó después de que Martínez apoyara como testigo a una secretaria que había señalado actos de corrupción y enfrentaba violencia en su contra.

La jueza denunció públicamente que la represalia inició con el bloqueo de sus días de vacaciones y se intensificó en un constante acoso laboral. En entrevista, detalló que un miembro del Consejo de la Judicatura le advirtió: "o le bajas y te calmas, o te cambian de ciudad", en una clara señal de amenaza por haber denunciado verbalmente la situación. Esta presión, según Martínez, se relaciona con la protección de funcionarios de alto nivel, quienes han respaldado al administrador señalado. Uno de estos funcionarios, según la jueza, tiene aspiraciones para asumir el cargo de fiscal general del estado.

En respuesta al acoso, Martínez presentó un amparo en el Juzgado Quinto de Distrito de Saltillo, que le otorgó protección judicial. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura determinó su suspensión el 23 de octubre, pese a la orden judicial que impedía esta sanción. La jueza subrayó que este órgano judicial debió responder a su denuncia de acoso en un plazo de ocho horas, pero no lo hizo.

Martínez, en su amparo, también mencionó al gobernador Manolo Jiménez Salinas, al Congreso del Estado y a los poderes Judicial y Legislativo, al considerarlos responsables en la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Coahuila. Esta reforma busca que jueces y magistrados locales sean electos por votación, lo que, según Martínez, podría afectar su caso.

Ante el incumplimiento del amparo, la jueza señala que un magistrado la contactó para cuestionarla sobre el motivo de su denuncia y para recordarle las consecuencias de su acción. Tras esta llamada, recibió mensajes de colegas que le advirtieron del enojo de altos funcionarios. Al día siguiente de este aviso, fue oficialmente suspendida, sin derecho a defenderse y con una reducción de su salario al 30%.

Martínez Jiménez denunciará formalmente el desacato del Consejo de la Judicatura de Coahuila ante las instancias judiciales federales, señalando también la falta de perspectiva de género en el tratamiento de su caso y en el de la secretaria de juzgado que denunció corrupción. Ambas mujeres, según la jueza, han sufrido violencia institucional sin una respuesta adecuada de las autoridades locales.

Con información de Proceso.