El parlamento colombiano dio un paso significativo en la protección de los derechos de las niñas y adolescentes al aprobar una ley que prohíbe el matrimonio de menores de 18 años. La legislación, aplaudida por organizaciones de derechos humanos, pone fin a uno de los marcos legales más permisivos de Sudamérica, donde hasta ahora era posible el matrimonio a partir de los 14 años con el consentimiento de los padres.
“Aprueba la plenaria el proyecto, todos estamos felices”, expresó Efraín Cepeda, presidente del Senado y miembro del partido Conservador, al anunciar el histórico resultado. La ley, sin embargo, aún necesita ser sancionada por el presidente Gustavo Petro, quien en el pasado se opuso a propuestas similares en su paso por el legislativo.
Diana Moreno, vocera de la ONG Profamilia, celebró la decisión como un “paso muy importante para proteger a las niñas y adolescentes” de Colombia, quienes ahora no podrán ser forzadas ni inducidas a unirse en matrimonio siendo menores.
Hasta ahora, Colombia se mantenía como uno de los pocos países en la región con una edad mínima de 14 años para el matrimonio, en contraste con otras naciones sudamericanas donde esta se establece entre los 16 y 18 años, aunque con condiciones específicas. En 2023, se registraron 114 matrimonios de menores en el país, con una tendencia marcada en comunidades pobres, donde a menudo el enlace ocurre entre un hombre adulto y una adolescente. Según un informe de Unicef, este tipo de uniones perpetúa “ciclos de pobreza, deserción escolar y limita la autonomía de las mujeres”.
Para activistas como Sandra Ramírez, abogada de Equality Now, la votación marca un avance luego de nueve intentos legislativos desde 2007. “Lo más preocupante es la implementación de la ley en comunidades indígenas y afrodescendientes de zonas rurales. Aquí empieza el trabajo”, subrayó Ramírez, resaltando los desafíos que aún enfrenta el país para hacer cumplir esta normativa en todos los rincones de su territorio.
Este cambio refleja un compromiso con la igualdad y la protección de derechos de los menores, abriendo el camino para reducir el impacto de prácticas que afectan gravemente su desarrollo y su futuro.
