El estado de Texas ha ofrecido al gobierno federal un terreno en el condado de Starr, ubicado en el Valle del Río Grande, para utilizarlo como área de maniobras de las posibles deportaciones masivas que planea implementar Donald Trump, virtual presidente electo de Estados Unidos.

Dawn Buckingham, comisionada de Tierras de Texas, envió una carta a Trump el 14 de noviembre detallando la oferta. La propiedad, de 1,400 acres (566 hectáreas), carece de infraestructura como caminos pavimentados, y se encuentra en una zona rural con recursos limitados, incluyendo un único hospital público. Sin embargo, Buckingham destacó su estratégica ubicación cerca de aeropuertos y un puente que cruza el río Bravo.

El terreno podría utilizarse para construir instalaciones de procesamiento, detención y coordinación de deportaciones. "Queremos ser socios confiables en esta labor y apoyar al gobierno federal en la implementación de estas medidas", declaró Buckingham en una entrevista con The Associated Press.

La oferta de Texas contrasta con la postura de otras entidades como Los Ángeles, que recientemente votó convertirse en una ciudad santuario, limitando su cooperación con autoridades federales en temas de deportación. Por otro lado, Texas ha sido un estado pionero en implementar medidas agresivas en la frontera, como la instalación de alambre de púas y leyes que autorizan el arresto de migrantes indocumentados.

El terreno ofrecido fue adquirido por Texas el mes pasado. Según Buckingham, el propietario anterior se opuso a la construcción de un muro fronterizo, lo que limitaba los planes estatales para expandir las barreras físicas en esa área.

El equipo de transición de Trump no ha confirmado si aceptará la oferta, aunque una portavoz señaló que desde el primer día de su presidencia, Trump planea movilizar recursos para ejecutar una operación sin precedentes de deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales.

Con un estimado de 11 millones de personas viviendo sin autorización en el país, las dudas persisten sobre cómo se identificaría a los migrantes y dónde serían retenidos. La administración entrante también enfrenta retos logísticos y legales para llevar a cabo las deportaciones masivas prometidas.

Mientras tanto, Texas continúa perfilándose como un aliado clave para la implementación de políticas migratorias más estrictas en la frontera sur de Estados Unidos.

Con información de Proceso.