El presidente de Argentina, Javier Milei, enfrentó este jueves 11 de abril su tercera huelga general desde que asumió el poder en diciembre de 2023, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país. La medida se llevó a cabo en rechazo al severo plan de ajuste fiscal impulsado por el mandatario, que ha provocado un fuerte impacto en trabajadores, jubilados y sectores vulnerables.

La jornada de protesta se extendió con un cese de actividades que afectó significativamente el transporte público, la educación y los servicios de salud. En Buenos Aires, el paro se sintió con fuerza: no circularon trenes ni metro, los vuelos fueron cancelados casi en su totalidad y muchas escuelas y hospitales operaron con personal mínimo. La banca también se sumó ampliamente, mientras que en la industria y el comercio la adhesión fue más dispar, con algunos negocios atendidos directamente por sus dueños.

La movilización arrancó un día antes, el miércoles 10 de abril, con una marcha multitudinaria en la capital del país en apoyo a los jubilados, que han sido uno de los sectores más golpeados por la inflación y la eliminación de subsidios. El malestar social continúa creciendo a medida que los efectos del llamado “shock libertario” se profundizan: inflación acumulada de más del 70% en lo que va del año, caída del consumo y aumento de la pobreza.

Según el Gobierno de Milei, el paro representa una pérdida de alrededor de 880 millones de dólares para la economía nacional. Sin embargo, el Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) estimó que el impacto económico real del paro ronda los 194 millones de dólares.

Desde el Ejecutivo se desestimó la legitimidad de la protesta, asegurando que forma parte de una estrategia para desestabilizar al Gobierno. Por su parte, los líderes sindicales acusaron a Milei de llevar adelante un programa de ajuste que “empobrece a la clase trabajadora” y “desmantela el Estado”. Héctor Daer, uno de los principales referentes de la CGT, advirtió que “la gente no puede más y el Gobierno no escucha”.

Este nuevo paro nacional ocurre en un contexto de tensiones crecientes entre el Gobierno y distintos sectores sociales, incluyendo universidades, organizaciones de derechos humanos y gremios. La situación plantea interrogantes sobre la viabilidad política del programa de ajuste y la capacidad del presidente Milei para sostener sus reformas frente al descontento social.