Julieta, una niña potosina de tres años con parálisis cerebral, escoliosis e hipoacusia severa, logró acceder a un implante coclear gracias a un fallo emitido por el Juzgado Octavo de Distrito, luego de que su familia presentara un amparo ante la negativa del IMSS de proporcionarle el tratamiento. Esta resolución judicial representa un hito en San Luis Potosí al ser el primer caso en que una menor con discapacidad accede a este procedimiento por orden de un tribunal, estableciendo un precedente en la lucha por la salud sin discriminación.

A pesar de que diversos especialistas confirmaron que Julieta era candidata al implante, el Instituto Mexicano del Seguro Social se negó a iniciar el protocolo, argumentando que su condición neurológica restaba eficacia al tratamiento. La familia, con respaldo de valoraciones privadas, decidió emprender la vía legal con el acompañamiento de la abogada Fátima Viera, quien denunció la omisión como una forma de discriminación institucional. “Negar un tratamiento con base en una condición preexistente es perpetuar barreras y vulnerar derechos”, explicó.

El tribunal federal determinó que el IMSS debía activar de inmediato el proceso médico, subrogar la atención en un hospital privado en la capital potosina, y garantizar la colocación de ambos implantes, así como terapias posteriores. La primera cirugía se llevó a cabo en enero de 2025, y el dispositivo fue encendido a principios de abril. Sin embargo, el segundo implante aún está pendiente y el juzgado ha exigido avances concretos por parte del Instituto.

El caso de Julieta revela una problemática estructural: la exclusión de personas con discapacidad del acceso pleno a servicios médicos. La sentencia no solo garantiza atención médica, sino que también sienta un precedente legal para proteger a otras infancias en circunstancias similares. “La discapacidad no es el obstáculo, sino la indiferencia institucional”, concluyó Viera.