La diputada Dulcelina Sánchez de Lira ha presentado una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios, con el propósito de erradicar el fenómeno conocido como "coyotaje" en los trámites administrativos y sancionar con multas a quienes participen en gestiones irregulares.

La propuesta establece que las personas que ofrezcan o realicen gestiones de intermediación para trámites públicos sin mandato legal, serán responsables de una falta administrativa. Además, se considera agravante cuando se utilicen engaños, simulaciones o intimidación durante el proceso. Este tipo de prácticas, que se han vuelto comunes en diversas administraciones pasadas, afecta la eficiencia de las instituciones y genera desconfianza entre los ciudadanos, ya que muchos trámites se ven entorpecidos por estas gestiones informales.

“El coyotaje es un problema heredado de administraciones anteriores, pero ahora debemos erradicarlo para que el servicio público sea más transparente y accesible para todos los potosinos. Esta reforma tiene como fin garantizar que los ciudadanos puedan realizar sus trámites de manera eficiente y sin intermediarios ilegales”, destacó la diputada.

El proyecto también propone sanciones económicas que podrían llegar hasta dos veces el beneficio obtenido por los involucrados, o un monto de hasta 150,000 veces el valor de la unidad de medida y actualización, dependiendo de la gravedad de la falta. Además, la sanción tomará en cuenta factores como el grado de participación, la reincidencia y el daño causado a la administración pública.

Con esta reforma, se espera que las autoridades encargadas de la aplicación de la ley actúen con mayor rigor, contribuyendo a un entorno más transparente en la realización de trámites administrativos y fomentando la confianza de la ciudadanía en el servicio público.