Apelando al derecho de las personas de gozar de salud física y mental, en el ejercicio de su libertad informada, la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas presentó esta mañana, una iniciativa ante el Congreso del Estado. Que prohíbe los ingresos forzados a anexos, ejecutados por las llamadas "patrullas espirituales" o "salvadoras" en San Luis Potosí.

Apenas la semana anterior, un vídeo que círculó en redes sociales capturó el momento donde una joven es subida por la fuerza a un automóvil en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. El reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE) informó, que la joven había sido ingresada a un centro de rehabilitación contra drogas por su propia familia.

Casos como este, han sucedido por lo menos otras 10 veces en el año, sin embargo, en su análisis, Aradillas Aradillas expresó que el internamiento forzado es una violación a los derechos humanos, al no ser consentido por los pacientes.

"En mayo de 2022 se realizaron diversas reformas a la Ley General de Salud en cuanto al internamiento voluntario, especificando que esté ya no será sometido. Es de suma importancia que nuestro Estado adecúe sus ordenamientos jurídicos a esto", señaló.

Como lo reconoce el Código Penal del Estado, la privación ilegal de la libertad es un delito que somete con actos o no de violencia a un particular. Conducta similar a la ya conocida por el personal de las "patrullas salvadoras", a través de la fuerza física, manipulación emocional o violencia psicológica contra los llamados "tazos dorados" o personas adictas o vulnerables mentalmente.

En ese sentido, la diputada puntualizó, se busca tipificar estas prácticas como detenciones arbitrarias, para sancionarlas. Pues denunció, muchas de ellas son operadas sin mandatos judiciales u órdenes médicas. Permitiendo tratos crueles o degradantes en centros psicológicos o clínicas, que operan con impunidad sin supervisión.  

"Es así como subí a esta tribuna con el objetivo de eliminar el internamiento involuntario, una práctica que ha sido utilizada como forma de castigo", agregó.

Finalmente, clarificó que ellos no se resume en suprimir la necesidad de rehabilitar a las personas que son adictas a sustancias, sino que se trata de responder con humanidad para que la atención sea digna y eficaz. La iniciativa fue turnada por la directiva a la Comisión de Salud y Asistencia Social para su análisis.