La mañana de este lunes, la fachada del edificio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) quedó limpia, a pesar de que el fin de semana, familiares de personas desaparecidas colocaron sus fichas de búsqueda como protesta. El colectivo, Voz y Dignidad por los Nuestros en San Luis Potosí, denunció con profunda indignación que están hartos de simulaciones y faltas de respeto a las madres buscadoras.
En el marco de un doloroso Día de las Madres, las redes sociales del colectivo informaron sobre los hechos cuestionando a Giovanna Argüelles, presidenta de la CEDH: ¿Quién le dio el derecho de borrar la memoria?; ¿Quién le autorizó a callar nuestras voces desde sus paredes?
Hace dos días, en el domicilio de Mariano Otero 685, las progenitoras de rostros y nombres, hoy ausentes; visibilizaron una lucha interminable para saber qué pasó con su familia. Sin embargo, tras reportarse entre compañeras que la CEDH amaneció sin sus denuncias, la indignación se volvió más fuerte.
"Quienes deberían ser garantes de nuestros derechos se han convertido en una institución muda, ciega y sorda ante una de las crisis más graves que enfrenta nuestro estado. Y no solo eso: mandan a su personal a marchar con nosotras, como si con eso pudieran lavar su falta de acción, como si su presencia bastara para sustituir el trabajo real que no han hecho en años", leía el comunicado.
Durante la marcha por el 10 de mayo, Día de la Madre, las familias obligaron a personal de la institución a retirarse, puesto que señalaron, en su trazo por justicia, la autoridad no se les ha acercado.
"No estamos aquí para posar en sus campañas de derechos humanos. No somos parte de su protocolo de relaciones públicas... Porque mientras ustedes limpian las paredes, nosotras seguimos buscando en la tierra... Y si no van a acompañar con verdad, no se atraviesen en nuestro camino".
Tras la salida de seis integrantes de la comisión, las madres presentes exigieron una participación verídica y presente del organismo, a partir de las siguientes peticiones. Que se elabore un informe especial sobre las desapariciones, que se instale una visitaduría especializada. Y, finalmente, que no se modifiquen las fichas de búsqueda sin el consentimiento de las familias víctimas.
