En muchos hogares mexicanos es común tener como mascota a un loro o perico; sin embargo, si estas aves fueron adquiridas de forma ilegal, su posesión constituye un delito ambiental que puede acarrear severas sanciones.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reforzó en 2025 sus operativos para combatir el tráfico ilegal de aves silvestres, especialmente loros, pericos y guacamayas, cuya captura, venta y posesión está prohibida desde 2008 por la Ley General de Vida Silvestre. Esta normativa establece que no está permitido el aprovechamiento extractivo con fines comerciales o de subsistencia de psitácidos originarios del territorio nacional.
La única vía legal para tener un loro o perico en casa es que provenga de un programa de cría en cautiverio autorizado por Semarnat, y que el ejemplar cuente con factura o nota de venta emitida por una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) o PIMVS, además de portar un anillo cerrado o microchip para su identificación y estar registrado ante Profepa o Semarnat.
De lo contrario, tener estas aves es un delito federal que puede acarrear penas de uno a nueve años de prisión y multas de 300 a 3,000 días de salario mínimo, lo que en 2025 representa hasta 746,790 pesos. Estas sanciones aplican incluso si el comprador no fue quien capturó al ave, pues la simple tenencia sin permisos oficiales es suficiente para que Profepa decomise el ejemplar y proceda legalmente.
México alberga 22 especies de psitácidos, de las cuales 11 están en peligro de extinción y 7 más se encuentran amenazadas, por lo que la Profepa y la Guardia Nacional colaboran en operativos para frenar la captura y comercialización ilegal, principalmente en terminales de autobuses y aeropuertos.
Si alguien posee un loro o perico adquirido sin la documentación legal, se recomienda no venderlo ni regalarlo, sino reportarlo ante Profepa para evaluar opciones de regularización o entrega voluntaria y así evitar multas o procesos penales.
La Profepa insiste en su campaña 2025: “No compres, no vendas, no encierres”, como parte de un esfuerzo por proteger la biodiversidad y frenar el comercio ilegal que afecta la supervivencia de estas especies emblemáticas en México.
