El presidente Donald Trump generó una fuerte polémica al ordenar el despliegue de 2,000 soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles sin la aprobación del gobernador Gavin Newsom. Esta acción, que no ocurría en seis décadas, se justificó como una medida para controlar protestas vinculadas a redadas migratorias, aunque autoridades locales aseguraron que la situación estaba bajo control.

Organizaciones defensoras de derechos civiles y líderes locales calificaron la presencia militar como un acto peligroso que amenaza la estabilidad y la democracia de la ciudad. Neera Tanden, del Centro para el Progreso Americano, advirtió que esta maniobra representa una escalada que podría poner en riesgo a las comunidades y al orden social.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) rechazó la medida y estudia presentar acciones legales, señalando el uso indebido de fuerzas armadas para funciones civiles. Mientras tanto, Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, calificó la militarización como una acción caótica que genera miedo entre los habitantes y empeora el clima social de la ciudad.

Por otro lado, Tom Homan, aliado de Trump, amenazó con arrestar a funcionarios locales si no acatan las órdenes federales, una postura cuestionada por expertos legales. Frente al complejo federal del ICE, donde la Guardia Nacional estuvo desplegada, activistas manifestaron su apoyo a los detenidos, quienes respondieron desde las ventanas, en un ambiente de tensión palpable.