El Senado de la República reafirmó su rechazo al decreto presidencial que impulsa una consulta popular sobre la reforma laboral, argumentando que esta acción invade competencias exclusivas del Congreso en materia legislativa. Este desacuerdo profundiza la crisis política entre el Legislativo y el Ejecutivo, iniciada tras la emisión del decreto el pasado 3 de junio.

Los senadores han calificado la iniciativa como un atentado contra la institucionalidad y una muestra de autoritarismo, destacando que la Constitución establece claramente que la regulación laboral debe ser aprobada por el Parlamento. Voces como la del senador Efraín Cepeda han advertido que esta medida busca evadir el debido proceso legislativo y pone en riesgo la separación de poderes.

Ante esta situación, diferentes entidades de control y gremiales anunciaron que presentarán recursos legales ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado para intentar anular el decreto y preservar el orden jurídico. En paralelo, el Gobierno insiste en que la consulta popular representa un mecanismo legítimo de participación ciudadana y confía en que podrá realizarse el próximo 7 de agosto.

El conflicto legal está ahora en manos de la Corte Constitucional, que en los próximos días definirá si admite las tutelas presentadas por el Senado, lo que podría desencadenar un enfrentamiento sin precedentes entre las ramas del poder público en Colombia, poniendo en jaque la estabilidad institucional del país.