En un intento por restaurar el clima político, el presidente Gustavo Petro convocó a distintos sectores a una mesa de diálogo nacional tras el reciente atentado contra el senador Miguel Uribe. Sin embargo, el gesto no logró el efecto esperado: diversas fuerzas opositoras rechazaron la invitación, señalando que se trata de una estrategia para justificar decisiones unilaterales como el decreto para una consulta popular.

Lejos de generar consensos, la convocatoria intensificó las tensiones. Voces críticas dentro del Congreso acusaron al Ejecutivo de apropiarse de funciones electorales que deberían ser vigiladas por organismos autónomos, y calificaron la propuesta como una maniobra riesgosa para el equilibrio institucional del país.

La controversia escaló luego de que el propio mandatario señalara a legisladores que han bloqueado su reforma laboral, lo que fue interpretado por varios sectores como una forma de presión indebida en medio de un ambiente de alta sensibilidad política y social.

Con el avance del proyecto laboral en medio del desacuerdo, Colombia se encuentra ante un momento definitorio. La falta de acuerdos amenaza con erosionar la confianza ciudadana en las instituciones y complica el panorama rumbo al proceso electoral de 2026, donde la gobernabilidad dependerá de la capacidad del gobierno y la oposición para establecer puentes duraderos.