La Unidad de Investigación Especializada en Combate al Abigeato y Maltrato Animal Doméstico de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que en el primer semestre de 2025, se acumularon 35 carpetas de investigación por denuncias de maltrato a animales domésticos. Tres de ellas son de gravedad, y dos fueron llevadas ante el juez de control con medidas cautelares de prisión preventiva.

Alberto Daniel Torres Salinas, agente fiscal especializado en la materia, explicó que el Código Penal del Estado en su artículo 317°, castiga con hasta cinco años de cárcel, a quiénes por acción u omisión, dañen o causen la muerte de un ser sintiente o mascota. 

En San Luis Potosí durante la última semana, dos lamentables casos causaron indignación entre la comunidad animalista. El primero, conocido como el Caso Jacarandas, fue denunciado por vecinos de la colonia del mismo nombre. Quiénes denunciaron olores fétidos y maltrato en un domicilio con varios perros a su cargo.

Al arribar las autoridades de la Guardia Civil Estatal (GCE), descubrieron por lo menos tres cadáveres en descomposición y 12 canes que fueron rescatados con severos cuadros de desnutrición. 

De acuerdo con la autoridad penal, una mujer presuntamente responsable fue detenida al momento. Y este jueves, será reanudada su vinculación a proceso con su debida medida sancionaria. Frente a las especulaciones sobre la posible enfermedad mental de la imputada, Torres Salinas aclaró que no existe ninguna evidencia de ello. Por tanto se procederá conforme a la ley.

"Dentro de la investigación, la persona no está con ninguna incapacidad. Su defensa no me ha presentado ningún dato de prueba para aclarar que esa persona es inimputable... En lo relativo a que haya sido omiso alguna otra autoridad, hasta este momento no tengo ningún dato que pueda presumir está omisión", señaló.

Las personas que tienen bajo su resguardo la integridad de mascotas como perros o gatos, deben ser garante de su bienestar. Sin embargo, en su mayoría, quiénes más violentan los animales son las personas adultas. De acuerdo al agente fiscal, solo existe un caso en el último año, relacionado a menores adolescentes.

"Que no le dé de comer al perrito, que lo tenga en condiciones precarias, amarrado en el sol, no le dé agua, que los abandone y el que le cause la muerte a la mascota", señaló.

Otro caso relevante también fue dado a conocer ayer, por la noche, cuando elementos de Bienestar Animal intervinieron en el rescate de 27 canes en hacinamiento, de la colonia División del Norte. El imputado que está vinculado al proceso, se acogió al beneficio de la suspensión condicional, lo que podría implicar incluso, su libertad.

En total, en lo que va del año, autoridades policiales y de rescate, han puesto al resguardo de adopción a más de 70 perros de distintos domicilios, según informó el titular.

Aunque se persigue de manera oficiosa y al ser un tema latente y sensible para la sociedad, Torres Salinas, recordó que la justicia por mano propia y los allanamientos, están prohibidos en la Constitución Mexicana. Y pueden afectar las investigaciones de un caso.

"Debe de haber un denunciante, una inspección del lugar, una inspección del canino, del gato o de la mascota... Para nosotros como autoridad lo correcto es hacerle una necropsia primero a la mascota para determinar las causas de la muerte... Nadie puede allanar un domicilio sin una orden escrita por una autoridad judicial. Si lo hacen, todas las pruebas que se devengan van a ser ilícitas", apuntó.

Asímismo, hizo la recomendación a la sociedad en general que, ante un caso de maltrato es importante no interferir en la evidencia. Especialmente, frente al deceso de una víctima, puesto que explicó, la mayoría de las denuncias no proceden al  dar sepultura o cremar a un amigo peludo. Ya que esto impide determinar la responsabilidades en la causa de muerte.