La frontera sur de Estados Unidos vive una etapa sin precedentes. Por primera vez, soldados en activo han comenzado a detener directamente a personas migrantes que cruzan áreas designadas como instalaciones de defensa nacional. Estas acciones, implementadas en un tramo cercano a Santa Teresa, Nuevo México, reflejan un endurecimiento en la estrategia federal para contener el flujo migratorio.

Las detenciones se justifican bajo una doctrina poco común que permite la actuación militar en territorios civiles en caso de proteger instalaciones estratégicas. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han levantado la voz, argumentando que este cambio pone en riesgo las garantías legales de los migrantes y puede abrir la puerta a más excesos.

El teniente coronel Chad Campbell confirmó que las primeras aprehensiones se realizaron la semana pasada y que los migrantes fueron transferidos en minutos a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Aunque el operativo busca disuadir cruces por rutas consideradas sensibles para la seguridad nacional, expertos en derecho constitucional advierten que podría tratarse de una violación a la Ley Posse Comitatus.

Hasta el momento, más de mil 400 personas han sido acusadas de ingresar sin autorización en estas zonas militarizadas. Mientras tanto, la administración federal insiste en que se trata de una medida temporal, aunque crece el debate sobre el alcance del rol militar en temas que tradicionalmente han sido competencia de autoridades civiles.