Este 17 de junio marcó un hito en la historia laboral de México con la entrada en vigor de la llamada “Ley Silla”, una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que obliga a los empleadores a garantizar asientos con respaldo para los trabajadores que permanecen de pie durante largas jornadas. Se trata de una medida largamente postergada en el país, con un rezago estimado de más de un siglo en comparación con otras economías similares.

La nueva disposición busca prevenir afectaciones físicas derivadas del trabajo prolongado en posición vertical y establece que “salvo casos excepcionales debidamente justificados, ninguna persona trabajadora debe permanecer de pie durante toda su jornada”. Aunque el decreto ya entró en vigor, las empresas cuentan con un periodo de 180 días naturales, hasta el 14 de diciembre, para realizar las adecuaciones necesarias a su normativa interna, mobiliario y espacios laborales.

Especialistas como Estefanía Rueda, socia de la firma Littler, y Mayeli Cabral, del despacho Chevez Ruíz Zamarripa, coinciden en que este plazo permitirá implementar correctamente los ajustes, desde la adquisición de sillas ergonómicas hasta la capacitación del personal y la modificación de reglamentos internos, los cuales deben ser consensuados entre empleadores y trabajadores y registrados ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).

La Ley Silla no solo representa una mejora en las condiciones laborales, sino que también incorpora un enfoque participativo al exigir que las nuevas normas sobre el uso de las sillas y el tiempo de descanso se definan conjuntamente en comisiones mixtas de trabajo. Con ello, se busca proteger la salud de los empleados y construir entornos laborales más justos, seguros y dignos. Aunque el cumplimiento obligatorio será exigible a partir del 14 de diciembre, expertos sugieren adoptar las medidas desde ahora como una buena práctica empresarial.