En la última emisión de El Puente, programa informativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno colombiano reafirmó su postura sobre la necesidad de modificar la actual clasificación internacional de la hoja de coca y explicó los efectos de la nueva política migratoria española en la población colombiana residente en ese país.
La transmisión, realizada el martes a las 7:00 a.m. por las plataformas digitales de la Cancillería, destacó que la hoja de coca permanece incluida en la Lista I de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, junto con sustancias catalogadas como altamente peligrosas. Esta decisión se basa en un informe de los años cincuenta, cuya validez científica es cuestionada, y ha contribuido a estigmatizar esta planta, dejando de lado su valor ancestral, cultural y su potencial para impulsar un desarrollo sostenible en las regiones productoras.
En respuesta, Colombia y Bolivia presentaron una petición conjunta ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que se realice una revisión formal de la clasificación. Este proceso deberá pasar primero por el Comité de Expertos en Farmacodependencia y luego por la Comisión de Estupefacientes, que será la instancia encargada de tomar la decisión definitiva.
El Gobierno colombiano defiende que esta regulación se base en evidencias científicas, derechos humanos y principios de salud pública. Destacó que la hoja de coca, rica en vitaminas y minerales, no genera adicción en su uso tradicional y puede emplearse legalmente en sectores como el agrícola, medicinal, cosmético y agroindustrial. Con esta estrategia, se busca superar la visión prohibicionista, promover la paz en zonas afectadas por el narcotráfico y reconocer la planta como un símbolo cultural de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
En otra parte del programa, la Cancillería informó que mantiene una vigilancia constante sobre la política migratoria en España y sus posibles impactos en los colombianos residentes, reforzando la atención consular y la cooperación bilateral para proteger sus derechos y promover su integración.
