Por Redacción Contra Réplica

Reforma a Ley de Entrega-Recepción fortalece transparencia y rendición de cuentas en Poder Judicial

La actualización legal responde a la modernización del Poder Judicial y garantiza procesos claros en la entrega de recursos públicos.

El Congreso del Estado dio un paso crucial hacia la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas al aprobar la reforma a la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios, con un enfoque especial en el Poder Judicial, afirmó el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización.

Según Gámez Macías, esta reforma responde a la reciente modernización y proceso electoral en el Poder Judicial, brindando un marco normativo que garantiza la claridad y orden en cada transición administrativa dentro del órgano judicial. “No solo aseguramos la transferencia transparente de bienes materiales, sino que, lo más importante, garantizamos la continuidad en la impartición de justicia para todos los ciudadanos y ciudadanas,” comentó.

Entre los aspectos relevantes de la reforma destaca la incorporación del Órgano Interno de Control con facultades para supervisar directamente las entregas y recepciones en el Poder Judicial. Además, se crearon capítulos específicos con protocolos detallados para estos procesos, tanto individuales como relacionados con el ejercicio constitucional.

La ley define claramente la conformación de las Comisiones de Entrega y Recepción, estableciendo un procedimiento ordenado para las transiciones. También contempla la entrega puntual y segura de expedientes, clave para la continuidad de los casos que impactan a familias y patrimonio potosinos.

La reforma fija fechas y plazos para la realización de actos protocolarios, corte de información y elaboración de informes, reduciendo cualquier posibilidad de discrecionalidad.

Finalmente, el diputado destacó que con esta reforma, el Congreso de San Luis Potosí reafirma su compromiso con una gestión pública transparente y responsable, fortaleciendo las instituciones y asegurando certeza jurídica para la población.