Diversos expertos en economía social y organizaciones civiles han manifestado su preocupación por el destino que las Afores están dando a los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Según análisis recientes, una parte importante de estos fondos se ha invertido en proyectos habitacionales de alto valor que no responden a las necesidades de vivienda de los trabajadores que los generan.

Los recursos, canalizados a través de mecanismos como los Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) y los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión (Cerpis), han servido para financiar conjuntos residenciales con costos muy por encima del salario promedio nacional. Esto ha generado un contraste alarmante: los trabajadores financian con su ahorro desarrollos a los que nunca podrán acceder.

Especialistas han señalado que esta estrategia de inversión privilegia la rentabilidad financiera sobre el interés social, lo que representa una contradicción con el propósito del SAR. También advierten sobre la opacidad de los criterios con los que se seleccionan estos proyectos, así como la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas que garanticen un uso justo del dinero de los cotizantes.

En respuesta al debate creciente, organizaciones como el Observatorio del Derecho a la Vivienda han propuesto reformar el marco normativo que regula las inversiones de las Afores, para asegurar que estas se orienten a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Hasta el momento, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) no ha emitido posicionamiento oficial sobre el tema.