La Corte Suprema de Estados Unidos permitió al presidente Donald Trump retomar su plan para reducir significativamente el Departamento de Educación, al revocar una suspensión judicial que impedía los despidos masivos en la agencia. La medida se emitió sin una opinión firmada, lo que generó preocupación entre sectores políticos y sociales, especialmente por sus implicaciones en la separación de poderes.

La decisión representa un respaldo al intento del mandatario de concretar una de sus principales promesas de campaña: eliminar el Departamento de Educación, creado hace más de cuatro décadas. Trump ya había iniciado en marzo una reducción sustancial del personal, acción que fue impugnada por estados y sindicatos que consideran que el Ejecutivo no tiene atribuciones para desmontar una agencia federal establecida por el Congreso.

Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson expresaron su desacuerdo en un voto disidente, advirtiendo que esta resolución pone en riesgo el equilibrio constitucional. “La mayoría de la Corte ha optado por ignorar las consecuencias de su decisión”, expresó Sotomayor, quien subrayó que únicamente el Congreso tiene la facultad de eliminar dependencias federales.

El recorte amenaza con afectar especialmente a las escuelas públicas con escasos recursos, que dependen de los fondos federales para programas de educación especial y asistencia alimentaria. Aunque el financiamiento nacional representa una fracción del total destinado a la educación básica, su impacto es crítico para sectores vulnerables. La reestructuración ordenada por Trump también contempla el cierre de otras agencias, como la de ayuda exterior USAID.