La Procuraduría General de Brasil solicitó a la Corte Suprema la condena del expresidente Jair Bolsonaro por delitos que incluyen intento de golpe de Estado, asociación criminal armada y atentado contra el orden democrático. La acusación se basa en la supuesta dirección de un grupo de altos funcionarios que habría buscado impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, tras su victoria electoral en octubre de 2022.

Según el ministerio público, Bolsonaro actuó de forma deliberada y sostenida para incitar a la desestabilización institucional y crear condiciones favorables a la ruptura del orden constitucional. En documentos presentados esta semana, la fiscalía detalló que el exmandatario promovió acciones dirigidas a desacreditar el sistema electoral, alentar la insurrección civil y obtener apoyo militar para mantenerse en el poder por vías no democráticas.

El proceso judicial ha tenido repercusiones más allá del ámbito legal. El expresidente estadounidense Donald Trump reaccionó con dureza ante el juicio, acusando a Brasil de emprender una persecución política y anunciando represalias comerciales, entre ellas un arancel del 50% a productos brasileños. En respuesta, el gobierno de Lula da Silva calificó de “inaceptable” la intervención y advirtió sobre posibles medidas de reciprocidad en el ámbito comercial.

Mientras tanto, el Supremo Tribunal Federal reiteró que el caso será resuelto con imparcialidad y con base en las pruebas presentadas. El veredicto, que podría implicar hasta 40 años de prisión para Bolsonaro, será definido por cinco magistrados en las próximas semanas. El juicio marca un punto de inflexión para la democracia brasileña, al enfrentar por primera vez a un expresidente con acusaciones formales de conspirar contra el sistema republicano.