La economía informal continúa representando un reto estructural en México, al concentrar al cierre de 2024 a más de 33 millones de personas, cifra equivalente al 55 por ciento de la población ocupada del país. De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), este fenómeno impacta negativamente la productividad nacional y limita la recaudación fiscal.

Los sectores más afectados por esta dinámica son el comercio, que concentra el 35.7 por ciento de la informalidad; la construcción, con un 15.5 por ciento; y la industria manufacturera, con un 13.6 por ciento. Si bien estas actividades permiten mitigar el desempleo, el organismo empresarial advierte que operan bajo condiciones precarias, con bajos ingresos, escaso acceso a tecnología y sin protección legal para los trabajadores.

Según el CEESP, la informalidad ya no es solo un refugio ante la falta de empleo, sino una opción deliberada frente a las altas cargas regulatorias y fiscales. A pesar de avances en la simplificación administrativa, aún persisten obstáculos significativos para emprender en el sector formal, lo que lleva a muchos a optar por operar al margen de la ley. Los costos laborales y la política fiscal restrictiva son factores que, subraya el organismo, desalientan la expansión de las plantillas formales.

El estudio también destaca el impacto económico de esta realidad: la informalidad generó en 2024 un valor estimado de 8 billones 94 mil millones de pesos, equivalente al 24.5 por ciento del Producto Interno Bruto. Esta cifra supera el aporte conjunto de sectores clave como la construcción, el agropecuario y la minería, y refleja la urgencia de implementar políticas públicas eficaces que promuevan la formalización y fortalezcan el mercado laboral.