La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para abordar, el próximo 5 de agosto, una serie de impugnaciones relacionadas con la reciente elección de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en una sesión clave que marcará una de las últimas reuniones del Pleno con su actual integración.

Entre los asuntos a tratar se encuentra el juicio promovido por Iván Bravo Olivas, ex juez penal y ex representante del PAN en Durango, quien alega irregularidades en el proceso que definió a los nuevos magistrados. Bravo sostiene que hubo inconsistencias en las actas de cómputo y en la validación de resultados, y solicita que se anule la elección únicamente en el estado de Durango.

El proyecto de resolución, a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, aún no ha sido hecho público, pero se anticipa que podría desecharse la demanda por falta de legitimación, ya que Bravo Olivas no formó parte formalmente de la lista de candidatos considerada por el órgano electoral, lo que lo excluiría como actor jurídico válido bajo la legislación vigente.

Paralelamente, la Corte también examinará otra controversia impulsada por la organización Poder Ciudadano, que impugna el nombramiento de Gilberto de Guzmán Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho como magistrados de la Sala Superior. Este caso fue asignado al ministro Alberto Pérez Dayán, quien está elaborando el dictamen correspondiente.

Ambos recursos deben ser resueltos antes del 31 de agosto, ya que los magistrados electos tienen programado rendir protesta ante el Senado el próximo 1 de septiembre. Las decisiones que tome la SCJN en esta materia podrían tener implicaciones significativas para la legitimidad y el equilibrio del órgano electoral en futuros procesos.