El presidente de Francia, Emmanuel Macron, promulgó la ley conocida como “Duplomb”, aprobada en julio pasado, aunque su disposición para reintroducir el pesticida acetamiprid fue vetada por el Consejo Constitucional la semana pasada. Este plaguicida, clasificado dentro de los neonicotinoides, está prohibido desde 2018 en Francia por su alta toxicidad hacia polinizadores como las abejas, esenciales para la biodiversidad y la agricultura sostenible.

La ley fue impulsada en medio de fuertes movilizaciones de sindicatos agrícolas que protestaron durante 2024 contra la crisis del sector y el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, buscando flexibilizar normativas para garantizar su actividad económica. Sin embargo, la oposición de izquierdas llevó la norma ante el Consejo Constitucional, alegando que violaba el principio de precaución y que el debate parlamentario fue insuficiente. El tribunal validó la ley en general, pero bloqueó la reintroducción del pesticida, en línea con las preocupaciones ambientales.

Además de la polémica por el pesticida, el Consejo aprobó otras medidas controvertidas, como la creación de megaembalses para riego y facilidades para la ampliación o construcción de instalaciones de ganadería intensiva, iniciativas rechazadas por grupos ecologistas y partidos de izquierda que temen un impacto negativo en el medio ambiente y el bienestar animal. Estas disposiciones reflejan la compleja tensión entre desarrollo agrícola y protección ambiental que enfrenta el país.

La promulgación de la ley se dio en un contexto de alta presión ciudadana: más de 2.1 millones de personas firmaron una petición para su derogación, liderada por una joven activista de 23 años. Un sondeo reciente reveló que el 64% de los franceses deseaba que Macron no promulgara la norma y que se abriera una nueva discusión parlamentaria, lo que pone en evidencia el descontento social frente a la política ambiental del gobierno.