El Gobierno de México entregó a Estados Unidos a 26 personas privadas de la libertad, acusadas de delitos relacionados con el narcotráfico, en una operación coordinada entre la Secretaría de Seguridad federal y la Fiscalía General de la República.
Los reclusos, distribuidos en distintos centros penitenciarios del país, fueron señalados por las autoridades como un “riesgo permanente para la seguridad pública”. Su traslado responde a una solicitud directa del Departamento de Justicia estadounidense, que, como condición, se comprometió a no solicitar la pena de muerte contra los acusados.
Aunque las identidades de los detenidos no fueron reveladas, la entrega se enmarca en el contexto de la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para frenar el tráfico de fentanilo hacia su país. En febrero pasado, México ya había enviado a territorio estadounidense a 29 personas, entre ellas el histórico capo Rafael Caro Quintero, señalado por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985.
A diferencia del proceso de extradición convencional, el operativo se realizó mediante un procedimiento legal abreviado, lo que permitió acelerar la entrega y evitar las etapas procesales habituales. Según el gobierno federal, esta modalidad responde a la necesidad de impedir que personas acusadas de delitos graves obtengan su libertad mediante recursos de amparo concedidos por jueces presuntamente corruptos.
La entrega ocurre en un momento clave para la relación bilateral, ya que ambos países mantienen negociaciones para fortalecer un nuevo acuerdo de seguridad que aborde el combate al tráfico de drogas y armas. Autoridades mexicanas señalaron que la cooperación judicial es fundamental para frenar el poder de las organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.
Con este operativo, el gobierno de Claudia Sheinbaum refuerza su postura de colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad y justicia, enviando un mensaje de que no habrá tolerancia hacia quienes encabezan redes criminales.
