La presidenta de Perú, Dina Boluarte, firmó la controvertida ley de amnistía que beneficiará a militares, policías y civiles involucrados en la lucha contra las guerrillas de Sendero Luminoso y el MRTA entre 1980 y 2000. La medida busca cerrar procesos judiciales abiertos durante décadas, incluyendo excarcelaciones para condenados mayores de 70 años, aunque ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos y familiares de víctimas.

Boluarte defendió la iniciativa al argumentar que reconoce el sacrificio de las fuerzas del Estado en la defensa de la democracia, y calificó como injustas las críticas de quienes, a su juicio, se ponen del lado de los responsables de violaciones de derechos humanos. La mandataria enfrenta un marcado descontento ciudadano, con niveles históricos de impopularidad que complican la aprobación de esta ley.

Organizaciones como Human Rights Watch y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunciaron que la medida deja sin justicia a miles de familias que buscan verdad y reparación por los más de 70 mil muertos y 20 mil desaparecidos del conflicto interno. Los críticos advierten que la ley podría favorecer a unos 900 militares y policías, entre ellos varios generales, en un contexto histórico marcado por abusos y crímenes de lesa humanidad.

La amnistía se suma a otra iniciativa de agosto de 2024, conocida como la “Ley de Impunidad”, que benefició al expresidente Alberto Fujimori y a cientos de militares procesados por matanzas en los años 90. La promulgación de la nueva ley ha reavivado el debate sobre justicia, memoria histórica y los límites de la impunidad en Perú.