El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva de emergencia nacional que autoriza a la Guardia Nacional a asumir funciones policiales en el condado de Columbia, Washington DC, medida que estará vigente hasta el 10 de septiembre. La acción ha generado críticas de funcionarios y organizaciones civiles, quienes consideran que representa un abuso del poder presidencial.
Según la Casa Blanca, la medida responde a un supuesto aumento del crimen que sobrepasaría la capacidad de la policía local. Bajo esta justificación, la Guardia Nacional podrá realizar labores de seguridad para proteger a funcionarios federales y ciudadanos de la capital durante un periodo de 30 días. Sin embargo, funcionarios locales cuestionan la veracidad de las cifras presentadas. El Departamento de Justicia informó que en 2024 el crimen en Washington DC disminuyó un 35%, alcanzando el nivel más bajo en tres décadas.
El senador Chris Van Hollen calificó la orden como una demostración del poder presidencial durante el segundo mandato de Trump y señaló que se bloqueó al menos un millón de dólares destinados a la seguridad de la capital. Por su parte, la congresista Mary Gay Scanlon aseguró que la militarización de la policía busca distraer al público de crisis nacionales como la salud, la migración y la economía.
La organización Democracy Forward advirtió que la medida persigue intereses políticos personales del mandatario y que el despliegue de la Guardia Nacional pretende aumentar el control policiaco mientras disminuye la atención sobre otros casos mediáticos, como la isla de Epstein.
Diversos críticos señalaron que la acción de Trump refleja un uso de poder e influencia para exhibir su capacidad militar. Entre los funcionarios cercanos al presidente involucrados en la operación destacan figuras como la fiscal general Pam Bondi, vinculada a estrategias de criminalización de migrantes que habrían respaldado la entrada de militares a las funciones policiales de Washington.
El despliegue de la Guardia Nacional en la capital estadounidense ha abierto un debate sobre los límites del poder presidencial y la militarización de la seguridad local, generando preocupación sobre el respeto a las instituciones civiles y la autonomía de la policía capitalina.
