El juicio contra Jair Bolsonaro por presunto intento de golpe de Estado entró en un punto crítico tras la intervención del juez Luiz Fux, quien cuestionó abiertamente que la Corte Suprema de Brasil sea la instancia adecuada para procesar al exmandatario. Fux, tercero de los cinco magistrados que deben pronunciarse, advirtió que el tribunal “no debe realizar un juicio político” y criticó irregularidades en la presentación de pruebas.

El expresidente, de 70 años y bajo arresto domiciliario, enfrenta acusaciones de haber conspirado junto a siete excolaboradores para desconocer los resultados de las elecciones de 2022, que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva. La condena podría superar los 40 años de prisión. Hasta ahora, dos jueces han votado a favor de la culpabilidad, entre ellos Alexandre de Moraes, quien acusó a Bolsonaro de liderar una organización criminal con fines golpistas.

El proceso judicial ha encendido también un conflicto diplomático: el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos impuso aranceles del 50% a productos brasileños y sanciones contra altos funcionarios, alegando que existe una “caza de brujas” contra Bolsonaro. Washington incluso dejó abierta la puerta a nuevas medidas económicas y militares, lo que provocó un rechazo tajante del gobierno de Lula, que denunció amenazas a la soberanía nacional.

Mientras se acerca el veredicto, el clima político en Brasil se polariza. Sectores de derecha impulsan en el Congreso una amnistía que podría beneficiar tanto a simpatizantes condenados por el asalto a los poderes públicos en enero de 2023 como al propio Bolsonaro. En las calles, seguidores del exmandatario realizan vigilias y protestas, mientras la fiscalía insiste en que el líder ultraderechista alentó los hechos violentos como último intento de permanecer en el poder.