El Congreso del Estado de San Luis Potosí, a través del Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa, concluyó exitosamente el curso “Requisitos Constitucionales y Convencionales en el Dictamen Legislativo”, con la participación de más de 60 personas, entre personal de asesoría legislativa y ciudadanos interesados, de manera virtual.
Durante la clausura, el diputado Carlos Arreola Mallol, director del Instituto, destacó la importancia de fortalecer los conocimientos sobre los límites y alcances del estudio de constitucionalidad, incorporando criterios de derechos humanos y tratados internacionales, así como la Constitución Federal y la estatal, para la elaboración de dictámenes legislativos. “Nuestro objetivo es que el Congreso de San Luis Potosí sea de avanzada, con dictámenes sólidos frente a cualquier impugnación y siempre con la razón y el derecho como guía”, subrayó.
El curso abordó la interpretación y aplicación de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impartidos por el Dr. David Alan Gutiérrez Mannix, de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado. Se enfatizó el control de convencionalidad, un proceso que permite revisar oficiosamente las leyes para garantizar que los dictámenes cumplan con estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Entre los módulos desarrollados destacan: “Derechos humanos y principios constitucionales a la luz de tratados internacionales”, “Estándar de interpretación conforme y principio pro persona”, “Control de regularidad constitucional y precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, “Test de proporcionalidad en dictámenes legislativos”, así como “Competencia y armonización legislativa”.
Con esta capacitación, el Congreso busca profesionalizar la elaboración de dictámenes, asegurando que cada iniciativa cumpla con criterios jurídicos sólidos y principios de derechos humanos, fortaleciendo la institucionalidad y la protección de la ciudadanía.
Este esfuerzo refleja el compromiso de la Legislatura potosina de elevar la calidad de su trabajo legislativo, generar dictámenes más robustos y garantizar que las decisiones tomadas en el Congreso estén alineadas con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.