Por Pepe Alemán Lunes, 22 Septiembre 2025 - 17:30

Aprueba pleno del Congreso ajustes constitucionales para optimizar reforma judicial

Diputados armonizan la Constitución local con la federal, eliminan discriminación e incorporan lenguaje inclusivo.

Por unanimidad de las y los 24 legisladores presentes en la Sesión Ordinaria de este lunes, el Congreso del Estado aprobó dos dictámenes de reformas a la Constitución Política del Estado y a la Ley de Justicia Indígena y Comunitaria, ambos  en materia de la Reforma al Poder Judicial local.

En el primero de los dictámenes presentados por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Carlos Arreola Mallol, se aprobó reformar el 124 BIS de la Constitución local, así como la citada Ley de Justicia Indígena, para armonizar con la Reforma Judicial federal  y eliminar cualquier tipo de discriminación e incorporar el lenguaje inclusivo.

Al respecto, el promotor de la reforma, diputado Roberto García Castillo destacó que ahora cualquier persona con preparación, vocación y honestidad podrán aspirar a ser jueces, juezas, magistrados o magistradas del Poder Judicial.

En el segundo de los dictámenes aprobados se modifican disposiciones contenidas en los artículos 57, 80 y 93 de la carta magna estatal.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales destacó que la iniciativa presentada por el diputado Luis Felipe Castro Barrón armoniza la Constitución federal a la local en materia de renuncias, licencias temporales y licencias definitivas de las personas que integran el Poder Judicial en San Luis Potosí.

Detalló que en el caso de las y los integrantes del Órgano de Administración Judicial podrán presentar renuncia al cargo ante el Poder que los propuso; el Poder Legislativo tendrá la facultad de calificar las licencias definitivas de las personas magistradas del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial y a jueces y juezas de Primera Instancia, así como conocer y resolver su destitución en términos constitucionales.

Abundó que en el ámbito federal las personas juzgadoras pueden pedir licencia hasta por un mes y si fuera por más tiempo deben tener la autorización del Senado de la República, mientras que a nivel local podrán separarse del cargo por una sola ocasión y máximo durante cinco meses.