El Congreso del Estado se sumará a los foros públicos que organiza el Gobierno Federal a través de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que se desarrollarán entre septiembre y diciembre en distintas entidades del país. En San Luis Potosí, la fecha tentativa de este encuentro será el próximo 28 de noviembre, informó el diputado Rubén Guajardo Barrera.

El legislador, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales de la LXIV Legislatura, destacó la importancia de escuchar a especialistas, representantes de partidos políticos y ciudadanía en general. El objetivo es construir una ley electoral que garantice procesos democráticos, transparentes, equitativos y fiscalizados.

Guajardo Barrera señaló que a nivel nacional uno de los temas más discutidos es la eliminación de las diputaciones de representación proporcional, que podrían asignarse al llamado “mejor perdedor”, modelo ya implementado en estados como Nuevo León, Yucatán y la Ciudad de México. Según el diputado, esta figura asegura que quienes acceden al Congreso tengan experiencia directa con la realidad ciudadana.

Otro punto clave en la agenda nacional y local es regular los topes de campaña, precampañas, campañas internas de los partidos y actos anticipados de promoción política. Además, se busca reforzar la fiscalización de los recursos utilizados en los procesos electorales, garantizando transparencia y rendición de cuentas.

En el ámbito local, el diputado adelantó que el Congreso pondrá sobre la mesa la posibilidad de aumentar la representación de comunidades indígenas en la Legislatura, considerando la presencia significativa de estos grupos en diversos municipios del estado. Asimismo, se analizará la inclusión de representantes de migrantes y la ampliación de espacios para jóvenes legisladores, siguiendo modelos aplicados en estados como Zacatecas y la Ciudad de México.

Con su participación en los foros federales, la LXIV Legislatura busca aportar propuestas que fortalezcan la democracia en San Luis Potosí, promoviendo equidad, inclusión y mecanismos que garanticen la correcta fiscalización de los recursos destinados a los procesos electorales.