Rosalinda Ávalos, exagente de la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), enfrenta una situación de riesgo permanente desde hace casi cinco años, luego de que su nombre se hiciera público en noviembre de 2020 por denunciar presuntos vínculos criminales de un aspirante a juez.

Ávalos irrumpió entonces en el Congreso del Estado para acusar públicamente a Sabas Santiago Ipiña, quien aspiraba a ocupar un cargo en el Poder Judicial, de estar presuntamente implicado en el asesinato de sus hijos y de tener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Desde entonces, su vida ha estado marcada por amenazas y una constante lucha por protección y justicia.

Al ser cuestionado sobre su situación, el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, reconoció el caso y aseguró que aunque los hechos ocurrieron en una administración anterior, el Gobierno del Estado mantiene seguimiento.

"En todos los asuntos en donde hay víctimas, tenemos una oficina que se encarga de brindar atención legal y psicológica. Y en el caso de la persona que mencionas, no fue un hecho que sucedió en este sexenio; sin embargo, por supuesto que le damos seguimiento y la acompañamos", expresó el funcionario.

Torres Sánchez también señaló que las medidas de protección deben surgir a partir de un expediente elaborado por la Fiscalía, pero aseguró que "en la medida de lo necesario vamos a apoyarla". Además, no descartó que pueda evaluarse la asignación de escolta personal a Ávalos, en caso de que el riesgo lo justifique.

La situación de Rosalinda Ávalos pone en el centro del debate la protección a denunciantes y víctimas en San Luis Potosí, especialmente cuando se trata de señalamientos contra actores con presuntos vínculos con el crimen organizado.