La defensa legal del empresario potosino Francisco Javier Ruiz Rodríguez anunció que interpondrá acciones legales, incluida una denuncia penal, contra tres periodistas locales por presuntas calumnias y difamaciones difundidas tras un cateo realizado en su domicilio el pasado 31 de julio.

Durante una rueda de prensa ofrecida este lunes, el abogado del empresario, Julio César García, informó que ya se han iniciado procedimientos judiciales en diferentes juzgados, derivado de lo que calificaron como una campaña de desprestigio orquestada por los comunicadores, quienes habrían difundido noticias falsas vinculando a Ruiz Rodríguez con delitos de narcotráfico, espionaje y supuestas influencias con el Gobierno del Estado.

“Estos periodistas utilizan sus medios para extorsionar, chantajear y publicar información falsa sobre ciertos empresarios e individuos ligados a la política”, declaró el abogado, quien además afirmó contar con pruebas que sustentan esta acusación, incluyendo la participación de los señalados en redes de extorsión a través de medios digitales.

De acuerdo con la versión del empresario, el cateo ejecutado por la Fiscalía General de la República (FGR) en su vivienda ubicada en el fraccionamiento Club de Golf La Loma, tuvo como origen una investigación por violencia familiar y no por la presunta posesión de drogas o equipos de espionaje, como se divulgó en diversos medios.

“La casa que catearon era mi casa privada, yo no tenía ningún búnker, mucho menos drogas. Se me quiso relacionar con el gobernador y su secretario, y realmente no. Llevaré cuestiones legales en contra de estas tres personas”, puntualizó Ruiz Rodríguez, quien reiteró que su empresa —dedicada a la venta de artículos con tecnología de seguridad— ha trabajado con diferentes administraciones estatales desde hace más de una década, sin favoritismo alguno.

Los nombres de los periodistas implicados fueron revelados por el abogado durante la conferencia, aunque este medio se reserva su publicación en apego al principio de presunción de inocencia.

El equipo legal del empresario señaló que los ataques mediáticos ocasionaron afectaciones graves a su reputación tanto a nivel estatal como nacional, por lo que exigirán la reparación íntegra del daño. A la fecha, no se ha determinado un monto económico por concepto de indemnización, pues este dependerá del proceso judicial.

Según los abogados, las demandas fueron presentadas el pasado 19 de agosto, antes de que se ejerciera públicamente el derecho de réplica en esta rueda de prensa.

Finalmente, el abogado explicó que el cateo fue autorizado bajo la falsa premisa de que el domicilio fungía como centro de espionaje. “Solo se encontró un arma de conexión. Quien denunció forma parte del conflicto familiar que originó la investigación”, detalló.

La defensa sostuvo que continuará el curso legal hasta que se esclarezcan los hechos y se castigue, en su caso, la utilización de medios de comunicación para fines de extorsión y daño moral.