La permisividad para que el Congreso de la Unión emita una Ley General contra la Extorsión no sólo homologará criterios a nivel nacional sino que representará un golpe certero a la delincuencia organizada nacional e internacional, opinó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno.

“Este delito no es un problema local, es una gran fuente de financiamiento de la delincuencia organizada en muchas regiones de nuestro país y un motor económico del crimen”, destacó el legislador local.

Badillo Moreno señaló que con la aprobación de la reforma constitucional federal en materia de extorsión, se atenderá de manera prioritaria este delito que afecta a la seguridad y la paz de cientos de familias mexicanas, ya que se otorgará al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general en contra de la extorsión con lo que se logrará terminar con la disparidad de criterios, puesto que la ley general unificara la tipificación y las sanciones en todo el territorio mexicano.

Añadió que además, se quitará la carga a la víctima, ya que la extorsión se perseguirá de oficio asumiendo el Estado mexicano la responsabilidad de investigar desde el momento de la amenaza, sin poner en riesgo la vida de quien lo denuncia.

“Y fortaleceremos la coordinación entre las autoridades federales y estatales permitiendo la creación de un protocolo nacional y un registro de casos para combatir este delito, con una estrategia unificada y de alto impacto en contra del crimen organizado”, apuntó.

Resaltó que esta modificación constitucional, “es un imperativo de estado para seguir construyendo un México donde el trabajo honesto y la vida en familia no estén sometidas a la amenaza del teléfono o del cobro de piso”.