Por Redacción Contra Réplica

Incorporan al Código Penal delito por obstaculizar medidas de protección a víctimas

La reforma busca garantizar que las víctimas reciban apoyo inmediato y sancionar el incumplimiento de órdenes de protección.

La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó un dictamen que adiciona el Capítulo XII al Título Segundo y el artículo 170 BIS del Código Penal local, con el objetivo de establecer el delito de obstaculización de medidas de protección y órdenes de protección a víctimas.

La diputada María Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión, explicó que la reforma tiene como finalidad asegurar que las víctimas, en especial mujeres, reciban de manera inmediata las medidas de protección que se les otorguen. “Con esta iniciativa buscamos brindar mayor resguardo a quienes enfrentan situaciones de violencia, garantizando que los derechos de las víctimas sean respetados y que haya consecuencias legales claras para quienes obstaculicen estas medidas”, señaló.

Según el dictamen, se considerará delito quien impida, incumpla o entorpezca la aplicación de una medida u orden de protección expedida a favor de una víctima. La sanción prevista contempla de seis meses a dos años de prisión, así como una multa económica que va de 60 a 200 días de valor de la unidad de medida y actualización.

La legislación define las medidas y órdenes de protección conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los casos relacionados con violencia contra las mujeres.

La diputada Vázquez Hernández destacó que esta reforma representa un avance en la protección de los derechos de las mujeres y de todas las víctimas de violencia, al tipificar un delito que hasta ahora no estaba claramente sancionado.

El dictamen aprobado por la Comisión Primera de Justicia será enviado al Pleno del Congreso para su discusión y votación, con la expectativa de que se convierta en una herramienta legal efectiva para garantizar la seguridad y protección inmediata de las víctimas en el estado.