Por Redacción Contra Réplica

Impulsan reformas para fortalecer la lucha contra la extorsión en México

La reforma constitucional permitirá unificar criterios legales y perseguir el delito de oficio, protegiendo a las víctimas y combatiendo a la delincuencia organizada.

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, anunció que con la aprobación de la reforma constitucional federal en materia de extorsión se reforzarán las acciones para combatir este delito, que ha afectado gravemente a comerciantes y familias mexicanas.

“La extorsión no es un problema aislado; representa una fuente de financiamiento para la delincuencia organizada y un motor económico del crimen en varias regiones del país”, afirmó Badillo Moreno, señalando que el objetivo de la reforma es atacar el fenómeno de manera integral y efectiva.

Con los cambios aprobados, el Congreso de la Unión podrá expedir una Ley General en contra de la extorsión, lo que permitirá unificar la tipificación y las sanciones en todo el territorio nacional, eliminando disparidades entre legislaciones locales y garantizando criterios homogéneos para su aplicación.

Asimismo, la reforma busca proteger a las víctimas al establecer que la extorsión se perseguirá de oficio, es decir, las autoridades asumirán la responsabilidad de iniciar las investigaciones desde el momento de la amenaza, evitando que los afectados pongan en riesgo su integridad al denunciar.

El legislador destacó que también se fortalecerá la coordinación entre autoridades federales y estatales mediante la creación de un protocolo nacional y un registro de casos que facilite una estrategia unificada de alto impacto contra el crimen organizado.

“La modificación constitucional representa un imperativo de Estado para construir un México donde el trabajo honesto y la vida familiar no estén sometidos a amenazas ni al cobro de piso”, expresó Badillo Moreno, quien enfatizó que esta medida busca garantizar la seguridad de la ciudadanía y proteger la paz social en el país.

Con estas reformas, se espera que la extorsión deje de ser un delito que desangra a la economía informal y que el Estado mexicano asuma un papel proactivo en su prevención y persecución, dando prioridad a la protección de quienes sufren este flagelo.