Con el objetivo de fortalecer la protección de las víctimas y cerrar espacios a la impunidad, el diputado Marco Antonio Gama Basarte presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que propone incrementar las penas por los delitos de acoso y hostigamiento sexual cuando estos sean cometidos por personas en posiciones de autoridad o confianza.

La iniciativa plantea que los castigos sean más severos cuando el agresor sea ministro de algún culto religioso, instructor, mentor o cualquier persona que tenga bajo su custodia, guarda o educación al ofendido, o que se aproveche de la confianza depositada para cometer el delito.

En la exposición de motivos, el legislador subrayó la necesidad de tipificar con mayor precisión estos delitos, pues el acoso y hostigamiento sexual, si no se sancionan adecuadamente, pueden escalar hacia conductas más graves como la violación. “Casos recientes en nuestro estado, como el de un entrenador deportivo que agredió a una menor, evidencian la urgencia de considerar la relación de confianza entre víctima y agresor como agravante”, puntualizó Gama Basarte.

El diputado explicó que esta propuesta no busca un enfoque meramente punitivo, sino contribuir a la prevención y disuasión de abusos, protegiendo especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad, como las y los menores de edad.

Actualmente, la legislación establece penas de tres a cinco años de prisión y multas económicas para quienes cometan estos delitos, además de destitución e inhabilitación en caso de servidores públicos o docentes. Con la reforma, las penas se incrementarían hasta en una mitad más, y en casos de reincidencia se impondría de dos a siete años de prisión, además de que el delito se perseguirá de oficio.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis, discusión y eventual dictamen.