El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el estado de excepción en diez de las 24 provincias del país debido a la radicalización de las protestas indígenas que exigen la reversión del aumento del subsidio al diésel, cuyo precio pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón. La medida, vigente por 60 días, busca contener los bloqueos de vías y los incidentes de violencia que han marcado el paro iniciado el 22 de septiembre.

Según informes oficiales y de organizaciones de derechos humanos, los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad han dejado un manifestante fallecido, alrededor de 150 personas heridas entre civiles, policías y militares, y cerca de 100 detenidos.

El estado de excepción aplica en siete provincias andinas, incluyendo Pichincha, cuya capital es Quito, y en tres provincias amazónicas, debido a la “grave conmoción interna” provocada por las movilizaciones, según la presidencia. El principal foco de conflicto se registra en Imbabura, una zona de gran actividad ganadera y floricultora donde las pérdidas económicas se estiman en un millón de dólares diarios.

La Conaie, principal organización indígena del país, afirma que el incremento del diésel afecta gravemente a campesinos y solicita además la reducción del IVA del 15 % al 12 % y mayores presupuestos para educación y salud. En un comunicado, la organización denunció que el decreto presidencial “militariza los territorios” y aumenta el riesgo de uso desproporcionado de la fuerza y detenciones arbitrarias.

El presidente Noboa advirtió que aplicará la ley frente a quienes recurran a la violencia. “Nadie puede venir a tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos. A los que eligen la violencia, los espera la ley”, declaró.

El alza del precio de los combustibles ha generado protestas recurrentes en Ecuador durante administraciones recientes, reflejando la sensibilidad de este tema entre los pueblos originarios, que representan entre el 8 % y 25 % de los 17 millones de habitantes del país, según distintas estimaciones.

Las próximas semanas serán decisivas para la negociación entre el gobierno y los líderes indígenas, en medio de un clima de tensión social y económica que afecta tanto a la población urbana como rural.