El diputado Crisógono Pérez López, acompañado por los secretarios generales de las secciones 26 y 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Carlos Bárcenas Ramírez y Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, así como por María del Rosario Villaseñor Oliver de la delegación del Tecnológico Regional, presentó formalmente la iniciativa para crear la Ley para la Protección de la Integridad, Derechos y Estabilidad Laboral del Personal Educativo en San Luis Potosí.
Durante la entrega protocolaria del documento a la Oficialía de Partes, Pérez López destacó que la ley busca proteger a más de 50 mil docentes ante acusaciones infundadas, asegurando que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia. “No se trata de eximir a los docentes de la ley, sino de que sean tratados justamente, que no se les sancione por rumores, sino cuando exista una razón legal y comprobable”, señaló.
El legislador enfatizó que actualmente los educadores enfrentan situaciones donde incluso presentando pruebas a su favor son sancionados, suspendidos o separados del servicio, lo que genera afectaciones económicas, familiares y sociales, incluso llegando a casos extremos de detención injusta.
Por su parte, los secretarios generales de las secciones del SNTE coincidieron en que la propuesta busca justicia para los trabajadores de la educación sin descuidar la atención a los alumnos. Resaltaron que se realizarán gestiones con otros grupos parlamentarios para asegurar apoyo a la iniciativa.
María del Rosario Villaseñor agregó que esta ley representa un acto de justicia frente a difamaciones, hostigamientos y represalias que docentes y personal educativo han sufrido por alzar la voz ante irregularidades institucionales.
La iniciativa contempla un marco normativo integral que protege la seguridad jurídica, laboral y personal del personal educativo, incluyendo directivos, docentes, no docentes y técnicos, bajo los principios de igualdad sustantiva, perspectiva de género, debido proceso, presunción de inocencia y protección pro persona. Se busca crear protocolos claros para enfrentar conflictos escolares, agresiones y sanciones arbitrarias, otorgando certeza y respaldo institucional a quienes laboran en el sector educativo.
Esta propuesta representa un paso hacia una legislación educativa más justa y protectora, fortaleciendo los derechos de quienes forman parte de la comunidad escolar.
