A un año de la aprobación de la Interrupción Legal, Voluntaria e Informada del Embarazo (ILE) en San Luis Potosí, la Colectiva ILE advirtió que, pese al avance legal, las mujeres y personas gestantes aún enfrentan serias barreras para acceder al servicio de forma segura y oportuna.

En conferencia de prensa, las integrantes del colectivo señalaron que la reforma aprobada en 2024 fue un logro histórico del movimiento feminista, pero la implementación práctica sigue siendo insuficiente. “No basta con despenalizar si los hospitales no brindan el servicio, si falta personal capacitado o si se niega información a las usuarias”, subrayaron.

El colectivo recordó el caso ocurrido en abril de 2025, cuando una joven falleció tras someterse a un procedimiento clandestino en la capital potosina, lo que evidencia las consecuencias de la falta de acceso institucional.

Como parte de una investigación realizada este año, la Colectiva ILE solicitó información a los Servicios de Salud de SLP y visitó hospitales de la zona metropolitana. De acuerdo con los datos obtenidos por transparencia, solo nueve hospitales o unidades médicas están habilitados para practicar la ILE; sin embargo, la verificación en campo mostró que uno de ellos —el Hospital General de Soledad (IMSS-Bienestar)— no realiza el procedimiento por objeción de conciencia del personal.

El análisis reveló además que en hospitales como el de Ciudad Valles, 10 de 17 profesionales son objetores, lo que reduce drásticamente la disponibilidad del servicio. En total, casi uno de cada tres médicos en unidades habilitadas se niega a realizarlo.

La Colectiva también informó sobre las dos iniciativas ciudadanas presentadas en 2024 ante el Congreso del Estado: una para ampliar las causales legales de interrupción del embarazo y otra para reconocer como violencia institucional la negación del servicio de ILE. Ambas siguen sin dictaminarse.

“Un derecho que no puede ejercerse en la práctica no es un derecho real”, concluyeron las activistas, quienes reiteraron su exigencia de garantizar la aplicación efectiva de la ILE en todo el estado.