El gobierno federal puso bajo investigación a 13 casinos por presuntas operaciones de lavado de dinero, luego de detectar flujos millonarios de efectivo, apuestas simuladas y transferencias internacionales que apuntan a redes delictivas. Como medida inmediata, las autoridades suspendieron las actividades de las casas de apuestas mientras se determinan responsabilidades penales.

Los reportes indican que las operaciones se realizaban tanto en establecimientos físicos como a través de plataformas digitales, utilizando identidades de terceros para registrar apuestas y justificar ingresos. Detrás de estas transacciones se habría construido un sistema que permitía mover grandes cantidades de dinero entre bancos nacionales y cuentas en el extranjero, sin respaldo fiscal ni trazabilidad clara.

Los casinos implicados operaban en al menos ocho entidades del país, entre ellas Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. Además, se descubrieron vínculos financieros con países de Europa y América, lo que refuerza la hipótesis de una red internacional dedicada al blanqueo de capitales.

Especialistas en regulación financiera advirtieron que este caso revela una falla estructural en la supervisión del sector del entretenimiento, donde la falta de controles y auditorías permitió que negocios legales se convirtieran en instrumentos del crimen organizado. La intervención federal, afirman, marca un precedente importante para limpiar la industria del juego y cerrar espacios a la corrupción económica.