Lo que comenzó como una promesa de productividad potenciada por inteligencia artificial podría convertirse en uno de los mayores escándalos tecnológicos del año. Google enfrenta una demanda colectiva en un tribunal de California, donde se le acusa de haber utilizado su asistente Gemini para acceder, sin consentimiento, a datos personales de millones de usuarios.

La denuncia sostiene que la empresa habría activado el sistema de manera silenciosa en servicios como Gmail, Google Chat y Google Meet, recolectando mensajes, correos electrónicos y archivos adjuntos. Esta práctica, según los demandantes, violaría la Ley de Invasión de la Privacidad de California, que desde 1967 protege las comunicaciones confidenciales de cualquier forma de monitoreo no autorizado.

El documento judicial apunta a que desde octubre de 2025, Gemini se habría integrado de manera automática, modificando las configuraciones predeterminadas de las cuentas y dificultando su desactivación. Lo que para Google era una actualización “inteligente”, para los usuarios podría haber sido una intrusión sin precedentes en su esfera privada.

Mientras la empresa guarda silencio, expertos en derechos digitales advierten que el caso podría sentar un precedente sobre la regulación de la inteligencia artificial. Más allá de las posibles multas, la discusión apunta al fondo del dilema contemporáneo: ¿hasta dónde estamos dispuestos a ceder nuestra intimidad en nombre del progreso tecnológico?