El Congreso del Estado de San Luis Potosí avaló en Sesión Ordinaria una serie de reformas al Código Penal que incorporan sanciones específicas para quienes utilicen herramientas de inteligencia artificial con fines de manipulación, engaño o generación de alarma social. La propuesta obtuvo mayoría de votos y representa uno de los avances legislativos más amplios en la regulación del uso de estas tecnologías dentro del ámbito local.
La diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia, explicó que las modificaciones responden a los riesgos que implica el uso irresponsable de sistemas automatizados capaces de replicar voces, imágenes o mensajes con apariencia real. Subrayó que su aprobación busca proteger la seguridad pública, la confianza institucional y los derechos de las personas ante prácticas que han comenzado a proliferar en redes sociales y plataformas digitales.
Vázquez Hernández recordó que el Congreso ya había incorporado sanciones relacionadas con la violencia digital ejercida mediante inteligencia artificial, particularmente cuando se dirige contra mujeres. Las nuevas adiciones, dijo, amplían esa protección sin comprometer las libertades de expresión, información, creación artística o ejercicio periodístico, siempre que no exista intención maliciosa de causar daño o desinformación.
Las reformas incluyen una definición formal de inteligencia artificial y contemplan delitos como el uso no autorizado de imagen o voz generada con estas herramientas, que ahora se sancionará con penas de uno a tres años de prisión y multas económicas. Asimismo, se crea el capítulo “Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”, que incorpora figuras como la manipulación institucional, castigada con hasta seis años de cárcel cuando se fabriquen contenidos falsos que simulen comunicados o declaraciones de autoridades con el fin de alterar la confianza pública.
Otro delito incorporado es la difusión dolosa de desinformación mediante IA, que establece sanciones de dos a cinco años de prisión y multas mayores cuando las acciones pongan en riesgo la paz social o se utilicen cuentas automatizadas para simular veracidad.
Con estas reformas, el Congreso del Estado busca anticiparse a los desafíos tecnológicos y garantizar un marco jurídico que proteja a la ciudadanía sin limitar el ejercicio legítimo de la comunicación y la crítica política.
