La tensión que dejó la marcha de la Generación Z sigue moviendo piezas en los tribunales. Cinco de las personas detenidas durante los disturbios ya fueron vinculadas a proceso por los delitos de lesiones y robo, luego de que un juez del Reclusorio Norte determinara que existen elementos suficientes para continuar las investigaciones. Los señalados no irán a prisión: deberán presentarse a firmar cada quince días mientras avanza su caso.

El choque que detonó las detenciones ocurrió el 15 de noviembre, cuando un grupo identificado por las autoridades como parte del “bloque negro” protagonizó empujones, golpes y daños frente a Palacio Nacional. Entre los elementos que la Fiscalía capitalina presentó al juzgador destacan agresiones contra policías y el presunto despojo de equipos de comunicación, lo que endureció el discurso oficial sobre la marcha.

A la par de estas resoluciones, otros cinco detenidos permanecen en prisión preventiva a la espera de que el juez defina su situación jurídica. En su caso, solicitaron la duplicidad del término constitucional para revisar más pruebas. Además, una línea de investigación por tentativa de homicidio sigue abierta, lo que podría alterar el escenario legal en los próximos días.

La respuesta institucional no ha frenado el debate público. Mientras organizaciones juveniles acusan uso excesivo de la fuerza, el Gobierno capitalino insiste en que grupos ajenos a la convocatoria se infiltraron para provocar violencia. Por ahora, el proceso judicial promete ser tan tenso como la propia marcha, que dejó claro que el desencanto social de una nueva generación aún no encuentra cauces estables en las calles.