El Congreso de la Ciudad de México confirmó la creación de una comisión especial que dará seguimiento a las investigaciones sobre los actos de violencia registrados el pasado 15 de noviembre en el Zócalo capitalino, durante la llamada “Marcha de la Generación Z”. La iniciativa fue impulsada por la bancada de Morena y busca esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y evitar interpretaciones políticas del caso.

La coordinadora del grupo parlamentario morenista, Xóchitl Bravo, explicó en conferencia de prensa que el nuevo órgano legislativo estará integrado por representantes de todos los partidos, con el propósito de garantizar transparencia y pluralidad. “No se trata de persecución política, sino de rendición de cuentas. Las y los servidores públicos debemos responder por nuestras acciones”, señaló.

Bravo recalcó que la comisión tiene carácter temporal y podrá solicitar información o citar a funcionarios públicos relacionados con los hechos. Asimismo, insistió en que la investigación no pretende confrontar a las alcaldías de oposición, sino esclarecer la participación de actores involucrados en los disturbios. “El que nada debe, nada teme. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, advirtió.

Durante su intervención, la legisladora rechazó las versiones que señalan represión policial y sostuvo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana actuó únicamente para contener desmanes. Afirmó que detrás de los hechos hubo manipulación política y denunció presiones hacia comerciantes de distintas alcaldías para asistir a la manifestación.

El Congreso capitalino aprobó la semana pasada un punto de acuerdo que solicita a la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Contraloría local investigar las agresiones, así como posibles actos de coacción. Además, se exhortó a los alcaldes de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, a separarse temporalmente de sus cargos mientras se desarrollan las indagatorias.

Morena confía en que la comisión contribuya a esclarecer los hechos y a reforzar la confianza ciudadana, mientras que la oposición ha señalado posibles motivaciones políticas detrás de la iniciativa.