Por Redacción Contra Réplica

Ruth González Silva propone transparentar y hacer público el padrón de deudores alimentarios en San Luis Potosí

La senadora del PVEM destacó que la apertura total del registro fortalecería la rendición de cuentas y garantizaría el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La senadora potosina e integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth González Silva, propuso que el padrón estatal de deudores alimentarios sea completamente público, con el objetivo de fortalecer la transparencia, promover la responsabilidad social y garantizar la protección de los derechos de la infancia en San Luis Potosí.

La legisladora señaló que, si bien el registro ya existe, su consulta actualmente se encuentra limitada a los casos donde existe una orden judicial, lo que reduce su utilidad como herramienta de presión social y de apoyo a las personas afectadas. “Creo que es momento de impulsar su apertura, porque cuando algo se hace público se genera conciencia sobre la responsabilidad que implica cumplir con las obligaciones alimentarias”, afirmó González Silva.

Explicó que el acceso libre a esta información permitiría dar visibilidad a los casos de incumplimiento y contribuiría a fomentar una cultura de responsabilidad entre quienes tienen pendientes legales de este tipo. “La exposición pública no es un acto punitivo, sino una forma de incentivar el cumplimiento y proteger a quienes dependen de estos recursos para su bienestar”, subrayó.

Asimismo, la senadora destacó que la medida no solo busca generar una presión social legítima, sino también agilizar los acuerdos y los procesos que garanticen la entrega oportuna de pensiones alimenticias. Consideró que hacer público el padrón representaría un avance significativo en materia de justicia social y en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Ruth González Silva reiteró que el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas debe ser una prioridad legislativa, ya que visibilizar a quienes incumplen sus obligaciones familiares contribuye a una sociedad más justa y responsable. Enfatizó que esta medida no sustituye los procesos judiciales, pero los complementa, evitando que los procedimientos largos y complejos retrasen el cumplimiento de derechos fundamentales.